William Dugarte exhorta a los familiares a conocer el proceso que se inicia

Nota de prensa

En medio de posibles escándalos de corrupción e incompetencia de las autoridades, que salpican al Gobierno de Bolívia, sumado a increíbles violaciones de las leyes y reglamentos aéreos, no deja de ser noticia el accidente de Lamia ocurrido el pasado 28 de noviembre en Medellín, Colombia.

Este suceso causó la muerte de 71 personas entre miembros del equipo futbolístico brasileño Chapecoense, periodistas y tripulantes del avión siniestrado, a lo que ahora se suman las declaraciones de un representante de la aerolínea boliviana.
Se trata Nestor Higa, abogado de Lamia, quien anunció esta semana que indemnizarían con 165 mil dólares americanos a cada familia afectada por la tragedia, información ante la cual fue consultado William Dugarte, asesor de víctimas de accidentes aéreos en Latinoamérica.
Dugarte, quien representa a familiares afectados por esta tragedia, aclaró en primer término que “la declaración del abogado de la aerolínea corresponde al protocolo de los procesos que deben cumplirse en estos casos,  pero incluso deja  claro que será el seguro quien se encargará de realizar las indemnizaciones”.

De acuerdo a lo dicho por el vocero de Lamia, la compañía ya dio instrucciones a su seguro para que inicie el proceso de recepción de los expedientes para las indemnizaciones, aunque es necesario para su continuidad tramitar ante la Fiscalía Boliviana la devolución de ciertos documentos que fueron confiscados por los investigadores durante el allanamiento a sus oficinas la semana pasada, lo que evidentemente podría retrasar el trámite.
Diversos factores
Lo que se está cuestionando en la opinión pública ante una serie de informaciones extraoficiales que envuelven a los acontecimientos, es si realmente la aerolínea o su seguro tendrán capacidad de responder ante posibles demandas millonarias que podrían enfrentar por los daños y perjuicios causados tras esta tragedia.
Una póliza supuestamente por un monto inferior al que correspondería, una aerolínea sin activos, unos socios en bancarrota, ilegalidades en las operaciones, un accidente criminal sobre una operación temeraria llevada a conciencia por sus dueños,  son una serie de indicios que ponen en duda si Lamia tiene capacidad para en efecto indemnizar, como es debido, a los familiares de las víctimas de esta absurda tragedia.
William Dugarte explicó que el proceso que se inicia tras una tragedia aérea depende de diversos factores en cuanto a su avance y conclusión, pues tiene que ver con los intereses de las aerolíneas y sus compañías de seguros.
“Algunas líneas aéreas tienden a realizar anuncios sobre indemnizaciones con dos objetivos principales; el primero es establecer ante la opinión pública en general que son una empresa responsable que está dando la cara ante las víctimas, cosa que en algunos casos dista de la realidad cuando se estudian los factores reales que condujeron al accidente”.
“La segunda es lograr que en medio de la necesidad que pueden estar afrontando algunas familias de las víctimas, lograr que se acojan a una posible indemnización por debajo de los montos que realmente les corresponda según sea el caso, pues toda empresa de seguro resguardará los intereses económicos que puedan afectarle, buscando indemnizar lo antes posible para evitar futuras acciones legales o reclamaciones más elevadas a las que establezca el límite de la póliza”, precisó.
Dugarte recordó además que aunque no hay suma de dinero en el mundo que pueda resarcir el daño causado, la indemnización es una obligación de la aerolínea no un acto de solidaridad, por el contrario es un derecho adquirido por todos quienes abordaron la aeronave.
Al ser interrogado por el monto de 165 mil dólares ofrecidos por Lamia, Dugarte explicó que esto se debe a lo establecido en los convenios internacionales que rigen la aviación;  el de Montreal y el de Varsovia, que son acogidos por los países firmantes y adaptados a cada caso según sus legislaciones aéreas.
“Allí se establece que en caso de muerte o lesión, parcial o permanente, las víctimas o sus familiares tendrán derecho a una indemnización con montos de hasta 100.000 Derechos Especiales de Giro, que es una unidad de medida creada por el Fondo Monetario Internacional para complementar el valor de las cuatro principales monedas mundiales”.
“Eso representado en dólares estadounidenses da la cantidad aproximada de hasta 165.000, pero es hasta esa suma, lo cual implica que la indemnización podría ser menor según sea el caso”, acotó.
El asesor de víctimas argumentó que esto se determinará mediante una evaluación particular de la víctima y el daño causado a ella o a sus familiares por la pérdida o afectación, lo que conlleva a otros aspectos importantes de señalar que se refiere a que los límites establecidos en estas legislaciones.
“Esto dependerá incluso de la jurisdicción, ya que en este caso se pueden llevar las acciones por lo menos a 4 países, pues de acuerdo a cada una de ellas podrían verse incrementados los montos si se llega a demostrar que el accidente se debió al resultado de una acción u omisión del transportista o sus dependientes, según lo establecen los convenios internacionales.”, expuso.
Desconocimiento

Dugarte exhortó a los familiares de las víctimas a conocer todo el proceso que se está iniciando y en el que se verán inmersos, para afrontarlo con la mayor fortaleza posible.
“Es muy pronto para opinar sobre varios aspectos, pues también es recomendable esperar, si fuere el caso, el resultado de las investigaciones que determinarán las responsabilidades en este siniestro”.

“Las familias deben estar conscientes que se enfrentaran a un proceso por el cual jamás han transitado y desconocen en su totalidad. Ese desconocimiento es el peor enemigo que tendrán que vencer  en la búsqueda de la verdad y la justicia por esta absurda tragedia, atravesando un camino incierto lleno de obstáculos, intereses y protagonismos”, concluyó.

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